Sindicat de Llogateres se manifiesta ante de la sede de Junts por los alquileres temporales

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El Sindicat de Llogateres de Catalunya se ha manifestado este miércoles delante de la sede de Junts contra los alquileres temporales y de habitación. Cree esta modalidad de alquiler un fraude que contribuye a aumentar el precio del alquiler y denuncia que Junts son “títeres de la patronal inmobiliaria” por haber votado en contra de la proposición de ley que pretendía regularlos.

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Cae la proposición de ley contra los alquileres temporales

El grupo parlamentario catalán cambió su sentido del voto, de ‘abstención’ a ‘no’, a última hora, para la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones en el Congreso de los Diputados. Una abstención hubiera facilitado el trámite del texto.

Aparte del no de Junts, inesperado, el bloque del Partido Popular (PP) y Vox también votaron en contra. El texto legal pretendía modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los alquileres de temporada y de habitaciones a los de vivienda habitual. No hubo finalmente ninguna abstención.

Con este panorama, la proposición cayó y se impidió que avanzara a trámite.

“Presiones de la patronal inmobiliaria”, mencionan desde el Sindicat

La votación quedó con los votos a favor de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria, que sumaban 172 votos. Los votos en contra, de Junts, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, sumaban 178.

El Sindicat de Llogateres de Catalunya, que ha participado activamente en la redacción del texto legal y ha presionado para tirar adelante la medida, acusa a Junts de cambiar el voto “porque han recibido presiones de la patronal inmobiliaria a quien representan y de quien tienen que defender los intereses”.

Enric Aragonès, como su portavoz, ha denunciado que Junts, como partido “de derechas”, “continúa pensando que las políticas de vivienda deben hacerse a medida de los rentistas”.

¿Qué incluía la proposición de ley de alquileres temporales?

El objetivo de esta ley era equiparar los contratos temporales y de habitación a los de vivienda habitual, para evitar que los propietarios los usaran como manera de burlar la nueva ley de vivienda y los límites al alquiler.

Los alquileres temporales quedarían limitados a 6 meses (actualmente 11). Si se firmaban al menos tres contratos consecutivos se consideraría un contrato de alquiler de vivienda habitual, con todas las protecciones que la Ley actual ofrece para este tipo de contratos.

También se pretendía ofrecer un derecho al inquilino de desistir del contrato con 10 días de antelación, siempre que haya transcurrido al menos un mes de contrato, sin indemnizaciones.

Actualmente estos contratos quedan al libre pacto entre las partes y, en la práctica, suelen incluir cláusulas que tienden a beneficiar al propietario.

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