La reciente propuesta de Massot, vicepresidenta de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), ha generado un intenso debate en torno a la integración y fomento de la vivienda social en Catalunya. La sugerencia de implementar accesos diferenciados para inquilinos de viviendas protegidas ha sido objeto de críticas y discusiones en la comunidad.
Se ha querido aislar a la vivienda social en Catalunya
Durante un debate organizado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, la vicepresidenta de la APCE, Elena Massot, planteó la posibilidad de que los edificios de nueva construcción, incluidos en el plan de Salvador Illa para fomentar la vivienda social en Catalunya y en los cuales se incluirán un 30% de pisos destinados a ello, cuenten con dos entradas separadas: una para los propietarios e inquilinos con contrato general y otra para los inquilinos de viviendas protegidas.
La justificación a esta medida es la creencia de que podría facilitar la convivencia y atender a las diferencias económicas entre los residentes. Sin embargo, y por suerte, la APCE ha hecho uso de razón y se ha distanciado de estas declaraciones, calificándolas como una opinión personal de Massot y no representativas de la postura oficial de la asociación.
Se reabre el debato alrededor de los derechos y la exclusión
La propuesta ha sido recibida con fuertes críticas por parte de diversas organizaciones y representantes políticos. El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha calificado la medida de ‘clasismo puro‘ y cuestionó la segregación de residentes basada en su situación económica.
En redes sociales, la organización ha publicado este comentario: ‘¿A los ricos les da asco compartir el ascensor con los pobres?’.
Por su parte, la ministra de Vivienda ha rechazado categóricamente la idea de separar los accesos, enfatizando en la necesidad de promover la cohesión social y evitar cualquier forma de discriminación en el acceso a la vivienda.
Este incidente ha reavivado el debate sobre cómo integrar la vivienda social en Catalunya en los nuevos desarrollos urbanos de manera equitativa. Mientras algunos promotores argumentan que las diferencias económicas pueden generar conflictos y afectar a la comercialización de los inmuebles, organizaciones sociales y representantes políticos insisten en la importancia de fomentar la convivencia y la igualdad de condiciones para todos los residentes, independientemente de su situación económica.
Lo que está claro es que en materia de vivienda existen distintas posiciones en torno a lo que es más que obvio una sola problemática: el acceso. Huelga recordar que el acceso a una vivienda digna es uno de los derechos de los ciudadanos, por lo que uno de los cometidos de las instituciones del país debería ser asegurar su cumplimiento.
¿Es entonces la vivienda social un motivo divisorio entre la población o la solución a esta espiral asfixiante que arrastra a cada vez más personas?
