Está al caer, pero las últimas negociaciones sobre aspectos clave atascan la nueva Ley de Vivienda de 2023, cuyo proyecto se aprobó en 2022 y que, parece, tendrá luz verde hacia abril de este año.
Si eres propietario y tienes pensado alquilar un piso, te interesará saber cuáles son las propuestas que están encima de la mesa y cómo repercuten en tu alquiler.
Una asignatura pendiente: la limitación de los alquileres
El principal fleco de la Ley por el Derecho a la Vivienda es la regulación del precio de los alquileres. Entre los aspectos a considerar, falta acabar de establecer un límite del precio del alquiler en las zonas donde el mercado está “tensionado”.
Las comunidades autónomas serían las encargadas de decretar sus zonas tensionadas mediante una herramienta que el Ministerio de Transportes creará próximamente, aunque en general se referiría a áreas donde el precio del alquiler es superior a la media y las familias tienen dificultades para conciliar ingresos mensuales y el pago de las rentas.
En este sentido, ERC pretende ratificar y proteger la Ley catalana de regulación de precios de alquiler, que lleva vigente en Catalunya desde 2020 y que el Tribunal Supremo anuló a mediados de 2022.
El “gran tenedor”, en entredicho en la nueva Ley de Vivienda
Otro de los aspectos claves en la negociación es la definición del concepto de “gran tenedor”. Según la legislación vigente, un gran propietario es el que posee 10 inmuebles o más (excluyendo garajes y trasteros) o cuyas propiedades tengan una superficie construida superior a los 1.500 m2.
Ahora, Unidas Podemos propone rebajar esta cifra a 5 inmuebles en propiedad.
Según el proyecto de Ley de Vivienda de 2023, un gran propietario con personalidad jurídica (o sea, una empresa) sufriría los límites en el precio del alquiler en aquellas zonas “tensionadas”. Por su parte, los grandes propietarios con personalidad física estarían exentos de este límite, aunque les afectarían otras medidas, como la congelación del alquiler en 2023.
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Los propietarios podrían pagar la comisión inmobiliaria
La última de las medidas en debate recae sobre los honorarios de las inmobiliarias sobre la gestión del alquiler.
Por ahora, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019 ya establece que sea el propietario quien asuma este gasto cuando sea una persona jurídica. En el caso de personas físicas, la LAU abre la puerta a repartir esos gastos entre propietario e inquilino, aunque en la realidad la mayoría de inquilinos acaba pagando esta comisión.
Unidas Podemos plantea ahora prohibir que el inquilino pague la comisión de agencia en la Ley de Vivienda de 2023 y que sea el propietario quien asuma este gasto en todo caso.
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha reaccionado a esta propuesta con disconformidad:
“Los honorarios que cobran las inmobiliarias por el servicio de gestión de alquiler no es el problema de los altos precios que se pagan por alquilar una vivienda. (…) Nada se conseguirá por la vía de la limitación de precios, penalización fiscal, regulación o prohibición. Al contrario, provocará un éxodo de parte de la oferta hacia otras fórmulas diferentes de alquiler no limitadas.”
Comunicado de la FAI, febrero de 2023
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Alquilar un piso antes de la Ley de Vivienda definitiva
La negociación es lenta, pero avanza poco a poco. El Gobierno está prestando atención a todos los detalles con la intención de “no perjudicar la oferta” y, a la vez, no afectar a los pequeños propietarios.
Los partidos políticos implicados se han dado unos días para presentar a ponencia el texto definitivo la semana del 13 de marzo. Todo apunta a que la nueva Ley de la Vivienda llegará al BOE en abril de 2023, aunque todo está por ver.
Mientras tanto, es el momento de conseguir un alquiler seguro, lo cual se vuelve una tarea más fácil y cómoda con la irrupción de las inmobiliarias online.
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