La Ley de Vivienda ya está en marcha, pero no podemos decir lo mismo de todas las medidas que incluye. Así, desde su entrada en vigor el 25 de mayo de 2023, repasamos qué medidas de la Ley de Vivienda están a cargo de las comunidades autónomas.
Con la reciente aprobación de la nueva Ley de Vivienda, denominada en el Boletín Oficial del Estado como Ley 12/2023, 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, se genera una gran expectativa y debate en el sector inmobiliario. La normativa nació con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible, logrando así regular el mercado del alquiler.
Sin embargo, si bien la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda establece una serie de medidas a nivel estatal, también otorga un papel muy importante a las comunidades autónomas. Así, las autonomías asumen diversas responsabilidades y competencias en cuanto a la implementación y ejecución de la nueva legislación se refiere. Veamos cuáles son.
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Las medidas de la Ley de vivienda a cargo del Estado
La nueva legislación establece diversas medidas a nivel estatal con el fin de mejorar el acceso a la vivienda. Entre las más destacadas, se encuentran las siguientes.
Denominación de zonas tensionadas y grandes tenedores
El Estado define el marco legal para que las comunidades autónomas puedan declarar zonas tensionadas. No obstante, cada CCAA tendrá la facultad de declarar o no una zona como tensionada.
Estas áreas se caracterizan por tener un alto costo de vida en relación con los ingresos medios de los hogares o un incremento significativo en los precios de venta o alquiler en los últimos años. La Ley establece que se deberán cumplir, como mínimo, uno de los dos criterios claros para determinar estas zonas:
- Que el coste de vida medio supere el 30% de la renta media.
- Que el precio de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.
Asimismo, el nuevo marco normativo también redefine el concepto de «gran tenedor». Ahora se considera gran propietario a cualquier persona física o empresa que sea dueña de al menos 5 viviendas. Sin embargo, esta categoría se extiende hasta 10 inmuebles en aquellas zonas que no hayan sido declaradas como tensionadas. Esta modificación busca abordar la concentración de la propiedad y regular las prácticas de los propietarios con un mayor número de viviendas.
Desvinculación de la actualización de los precios del alquiler del IPC
En cuanto al Índice de Precios de Consumo, la Ley establece la desvinculación del IPC del alquiler en la actualización anual de la renta. Aunque esta medida es de carácter estatal, se implementará a partir de enero de 2025.
Hasta entonces, se establecen límites de actualización para los años 2023 y 2024, los cuales no podrán superar el 2% y el 3%, respectivamente. Este se trata de un cambio que busca ofrecer una mayor estabilidad en los precios y evitar incrementos abusivos.
Las medidas de la Ley de vivienda a cargo de las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas también asumen competencias y responsabilidades en el marco de la Ley de Vivienda, lo que les permite adaptar medidas específicas a sus realidades y necesidades particulares. A continuación, se detallan algunas de las medidas que quedan bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas en la medida de alquilar una vivienda.
Declaración de zonas tensionadas
En esencia, cada CCAA tendrá la capacidad de designar zonas tensionadas, siguiendo los criterios establecidos por la Ley 12/2023. Este hecho implica identificar regiones donde los precios de venta o alquiler se encuentran desproporcionadamente altos.
La declaración de estas zonas permite implementar medidas adicionales para controlar los precios y garantizar un acceso adecuado a la vivienda. Por ello, cada Administración deberá justificar la decisión mediante la presentación de un informe exhaustivo sobre los precios del alquiler y de la vivienda, así como de otros indicadores del nivel de renta de los hogares, entre otros.
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Regulación de los precios de los nuevos contratos
Al mismo tiempo, en las zonas tensionadas, las diferentes comunidades autónomas pueden establecer límites en los precios de los nuevos contratos de arrendamiento. En el caso de los pequeños tenedores, el precio del nuevo contrato se verá limitado por el coste del contrato anterior, sumándole un índice específico de actualización de la renta. Un índice que marca el 2% en 2023 y que aumentará al 3% en 2024.
Por otro lado, los grandes tenedores deberán ajustarse al precio de alquiler del contrato anterior y a un índice de contención de precios que aún está por definir. Lo que sí se sabe es quién y cuándo se realizará: el encargado será el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estará listo para 2025.
Fomento de viviendas sociales y protegidas
Con la nueva ley de arrendamiento de 2023, también es responsabilidad de las comunidades autónomas promover la construcción y facilitar el acceso a viviendas sociales y protegidas. Esto implica la implementación de programas de ayuda económica, incentivos fiscales y la colaboración con entidades públicas y privadas para impulsar la oferta de viviendas asequibles.
La colaboración como elemento clave
Esta nueva distribución de competencias que plantea la nueva Ley 12/2023 permite una mayor adaptabilidad y flexibilidad para abordar los desafíos específicos de cada región. Por ende, es necesario un trabajo conjunto entre el Estado, las comunidades autónomas y actores del sector inmobiliario para lograr una aplicación efectiva de la ley y garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos.
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