El auge de los pisos de alquiler turístico ha generado debates entre muchos sectores, uno de ellos las comunidades de propietarios, por lo que el Gobierno ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal, otorgando a las comunidades la capacidad de prohibir o limitar esta actividad en sus edificios a partir del 3 de abril. El objetivo es equilibrar los intereses de propietarios y vecinos, manteniendo una buena convivencia.
Pero se abre el debate, ¿protege realmente a los vecinos o solo pone trabas a los propietarios?
¿Cómo afecta esta modificación a las comunidades de propietarios?
Con la nueva normativa, las comunidades de propietarios pueden prohibir o limitar los pisos de alquiler turístico en su edificio, pero ¿cómo? Mediante un acuerdo aprobado por una mayoría cualificada de tres quintas partes.
Además, tienen la facultad de establecer condiciones específicas para su ejercicio y, si lo consideran necesario, incrementar las cuotas de gastos comunes hasta un 20% para las viviendas destinadas a este fin.
Es imprescindible que estos acuerdos se reflejen en los estatutos de la comunidad y se inscriban en el Registro de la Propiedad para garantizar su validez y aplicación futura.
¿Qué implica para los propietarios de pisos de alquiler turístico?
Los propietarios que deseen destinar su piso al alquiler turístico deberán obtener la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Sin este consentimiento, no podrán llevar a cabo dicha actividad.
En caso de incumplimiento, la comunidad tiene el derecho de exigir el cese inmediato de la actividad y, si es necesario, emprender acciones legales que pueden alcanzar los 600.000 euros según la comunidad autónoma.
Es importante destacar que esta normativa no tiene carácter retroactivo; por lo tanto, los pisos turísticos que operaban legalmente antes de la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del 3 de abril de 2025, podrán continuar con su actividad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente en el momento de su inicio.
Barcelona da el primer paso y ofrecerá orientación a los vecinos
El Ayuntamiento de Barcelona, tras llegar a un acuerdo interno, ha pactado con el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana para dar un servicio de asesoramiento a las comunidades de propietarios que deseen prohibir la instauración de pisos de alquiler turístico en el edificio.
Según el propio Ayuntamiento, esta instrucción tiene como objetivo «promover la redacción de nuevos estatutos o la modificación de los existentes para que las comunidades adopten acuerdos para prohibir nuevas instalaciones de actividades económicas que pueden tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas».
Asimismo, el Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona (IMHAB) tiene la intención de proporcionar subvenciones a las comunidades de propietarios para dicha redacción o modificación de los estatutos.
¿Es un pim pam y adiós?
No es tan fácil como parece, al menos de momento.
Y es que los jueces han determinado que el alquiler turístico por sí solo no es una actividad molesta, de manera que para exigir su cese, los vecinos tendrán que demostrar con pruebas contundentes que el piso turístico genera inconveniencias reales, como ruidos constantes o daños en las zonas comunes.
Esta medida no solo busca mantener a raya la inseguridad y malestar de los vecinos derivados de la proliferación desmedida y sin control de pisos en alquiler turístico, sino también poner truncar la intervención que estos están teniendo el encarecimiento y dificultad del acceso al alquiler habitual, ya que se usa como método para esquivar la Ley de Vivienda y sus limitaciones a los precios.
Es un tema un tanto peliagudo que no acaba más de empezar, por eso, si lo que quieres es cubrirte las espaldas y vivir en tu comunidad de propietarios tranquilamente y sin inconvenientes, puedes consultar uno de nuestros administradores de fincas, ellos te acompañarán en todo y buscarán siempre lo mejor posible para la comunidad.
